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| Foto: Ybrahim Luna |
Mientras terminábamos de descargar, imprimir y leer el
informe final de los peritos internacionales sobre el aspecto hidrogeológico
del estudio de impacto ambiental (EIA) del polémico proyecto minero Conga, el presidente
Humala decidió dar un sorpresivo mensaje a la Nación —el viernes 20 de abril— y anunciar que la
empresa Yanacocha deberá cumplir las exigencias ambientales y recomendaciones
del peritaje, para que el proyecto sea viable. En resumen, Conga va, pero con
esas condiciones.
¿Por qué el apuro presidencial a cuarenta y ocho horas de
entregado el informe? ¿Por qué teñir con un tinte fuertemente político los
primeros debates técnicos que se estaban realizando en torno al informe de los
peritos internacionales? ¿Cuáles son las posibilidades de que el peritaje pueda
convertirse en una herramienta de diálogo y consenso de los principales actores
sociales y políticos que protagonizan este conflicto social? Para analizar el
informe, en LRA reunimos a dos
importantes especialistas en sus respectivos campos: el economista José de
Echave, investigador de Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental; y
el abogado Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes y experto en temas
legales de agua y tierra.
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| José de Echave |
¿El tema de los
reservorios ha sido un punto crucial en el informe de los peritos sobre el EIA
del proyecto minero Conga?
José de Echave (JdE): Las principales recomendaciones han recaído
sobre los reservorios, que es un gran tema de debate. Los reservorios
reemplazarían a las cuatro lagunas que iban a ser utilizadas para el proyecto.
Dos lagunas serían secadas, para ser convertidas en tajos abiertos, y las otras
dos lagunas serían los botaderos. El informe de los peritos evalúa la
posibilidad de salvar estas dos últimas y que los botaderos sean ubicados en
otro lugar. Pero, además, sugieren incrementar la capacidad de los reservorios para
que haya mayor disponibilidad de agua. Se trata de un cambio importante y
significativo sobre la capacidad y la oferta de los recursos hídricos en la
zona.
Laureano del Castillo (LdC): En el informe también se
insiste mucho en la necesidad de que la gestión del agua sea participativa: con
agricultores, con la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero también con los
pobladores; eso en función de la transparencia y de ampliar los beneficios a la
población. Por otro lado, también se plantea la necesidad de implementar y
profundizar —durante varios años— una serie de estudios sobre las aguas subterráneas.
Y hay una cosa adicional: la necesidad de contemplar, en el futuro, luego del
cierre de la mina, el aspecto financiero y organizativo, para asegurar el
funcionamiento de las obras que se deben seguir haciendo. En concreto, ¿quién
va a financiar el bombeo (llevar el agua del reservorio superior al inferior) para
evitar la contaminación de las aguas y seguir llenando los reservorios cuando
cierre la mina?
¿Cuáles son los puntos
débiles que se detecta en el informe de los peritos?
JdE: En el debate sobre el proyecto Conga, el tema
hidrogeológico es básico y fundamental. Cuando elaboramos el informe del Ministerio
del Ambiente, a finales de noviembre, cuestionamos otros aspectos del EIA de
Conga; por ejemplo, la zona de influencia del proyecto. La empresa habló siempre
de 32 caseríos. Cuando estuve en el Ministerio del Ambiente identificamos más
de 200 caseríos. Es un tema que no ha sido abordado por el informe de los
peritos. Cuando se habla de la población, lo que se plantea es incrementar las
capacidades de los reservorios, para que su servicio sea mayor en términos de su
ámbito de influencia, es decir, de población. Pero todavía hay una discusión
abierta acerca de cuál es la zona de influencia del proyecto.
Un segundo tema importante, fundamental, es la valoración
económica de los impactos del proyecto. La metodología utilizada en el EIA fue
de valor de uso directo, y no se utilizó el de valor de uso indirecto. Pongo un
ejemplo sencillo: los bofedales o humedales donde el ganado va a pastar. El valor
de uso directo de esos bofedales es que los utiliza la actividad ganadera de la
zona. Pero esos bofedales también almacenan agua y capturan carbono, y ese es
un valor de uso indirecto. El informe de los peritos permite una discusión
sobre los aspectos hidrogeológicos, pero, sin duda, el proyecto minero Conga
plantea otros temas adicionales que deben ser abordados.
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| Laureano del Castillo |
El informe final de
los peritos internacionales, ¿deja mal parado al EIA del proyecto Conga,
realizado por la empresa minera Yanacocha?
LdC: El mismo peritaje hace un recuento del proceso de
aprobación del EIA hecho en 2010. En la página 42, sobre el EIA, dicen que «es
un documento cuya lectura supone un reto, incluso para técnicos especializados […]
es difícil la localización de datos, gráficos y figuras en sus 17 densos tomos […]
es un documento que supera las 27 mil páginas. En estas condiciones, no es de
extrañar que los profesionales encuentren dificultades para su entendimiento»,
dice el informe. Esto nos da cuenta de la complejidad y de este «ir haciendo en
el camino» en que se realizó el EIA.
JdE: Si uno ve las estadísticas del Ministerio de Energía y
Minas, en 2010 se aprobaron más de 200 EIA similares, sabiendo además las
condiciones precarias en que opera la Dirección General
de Asuntos Ambientales, con poco personal y con poca capacidad para hacer
evaluaciones rigurosas. Esta es una luz roja que hay que buscar apagarla. Lo
que ocurre es que no hay protocolos establecidos; por eso, las empresas abren
el proceso y luego van completando la información. Inician el proceso
administrativo con información incompleta, partiendo de la idea que el Estado
no tiene capacidad para hacer una evaluación rigurosa. Y, por eso, cuando el
equipo del Ministerio del Ambiente —del cual formé parte— revisó el EIA de
Conga, nos dimos con varias sorpresas. Una de las lecciones es que estos
procedimientos de certificación ambiental deben ser modificados urgentemente.
Ya tenemos un
peritaje internacional que establece recomendaciones que no son tan complicadas
para Yanacocha. Entonces, ¿eso significa que Conga va?
LdC: El peritaje hay que ubicarlo en los términos de
referencia del contrato de los peritos. Los mismos peritos han dicho que a
ellos no los llamaron para decidir si el proyecto es viable o no; la decisión
está en el Estado. Ellos revisaron el EIA en la parte relacionada con el agua e
hicieron una propuesta para mejorar las medidas de mitigación. Yanacocha también
debe pronunciarse. Muchas de las recomendaciones serán asumidas con relativa
facilidad por la empresa, pero hay otras que suponen hacer nuevos cálculos; por
ejemplo, sobre la ampliación de la capacidad de los reservorios, pero,
principalmente, sobre lo que significará abandonar su plan de utilizar las dos
lagunas como botaderos y poner sus desmontes y relaves en otro lugar. Allí hay
costos. Sin embargo, más allá del tema ambiental, también hay que ver la
viabilidad económica, técnica y social. Creo que aún quedan dudas, sobre todo
por el lado social, que el peritaje no ha resuelto.
JdE: Hoy en día la misma industria minera dice que para
llevar adelante un proyecto se necesita construir cuatro viabilidades: la
técnico-productiva, la ambiental —a través de los EIA—, la financiera y la
social. Si una de estas viabilidades no funciona, los proyectos no van, y esto
lo reconocen las propias empresas mineras. En el caso de Conga, que constituye
un conflicto emblemático, varias de estas viabilidades están en discusión. Lo
ambiental se está abordando con información disponible y que va a ser discutida
de manera amplia. Pero el tema social sigue siendo un tema pendiente porque hay
mucha preocupación en la población de Cajamarca, donde se inició el boom de la minería, en 1993, y con enormes
problemas que aún no han sido solucionados. Estamos hablando de un impacto
acumulativo en dicha región. El país está arrastrando esta secuela de
conflictos mineros, y la estrategia del gobierno solo ha sido apagar incendios.
Debemos comenzar a entender y debatir el tipo de institucionalidad y de políticas
públicas que necesitamos para abordar estos conflictos. Las palabras «reformas
sustantivas» aparecen en la agenda, y debemos tomarlas en cuenta. El reto está
planteado.
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