22 noviembre, 2012

¿Los conflictos sociales se reducirán si las comunidades se convierten en accionistas?


Caricatura: Carlín

Una habilidad que no se le puede negar al economista Hernando de Soto es la de generar debate y la terquedad en defender sus ideas, muchas veces hasta el cansancio. No por nada la palabra “titulación” se ha convertido en su apodo más referencial debido a que ha utilizado repetidamente este concepto como una de las mágicas soluciones para varios problemas sociales y económicos que enfrenta el país.
“El problema es que las mineras tienen concesiones de las que van a salir miles de millones de soles, y esto es lo que están viendo los comuneros que protestan. Por eso, una minera no los va a compensar con una posta médica, eso se tiene que compensar haciéndole partícipe de la empresa, como accionista”, fueron las declaraciones del economista en una reciente entrevista. ¿Realmente esta será la solución para los conflictos sociales que vive nuestro país de manera intensa desde los últimos quince años?
La propuesta de que las comunidades campesinas y nativas se conviertan en accionistas de las corporaciones extractivas no es nueva. Viene planteándose desde hace un par de años, y hasta existen algunas pequeñas iniciativas que algunas empresas ya están realizando. La más conocida es la asociación entre la Compañía Minera Kuri Kullu S.A. ─filial de una corporación canadiense─ con la Comunidad Campesina de Ollachea, de la región Puno. En dicho caso ─que por cierto merecería un análisis exhaustivo sobre los supuestos “éxitos” de dicha asociación─ la comunidad decidió respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y tendrán acceso a un 5% de las acciones del proyecto, cuando la mina empiece su producción.
La principal justificación que esgrimen Hernando de Soto y otros representantes empresariales para defender esta nueva estrategia es que servirá como una herramienta para apaciguar los conflictos sociales provocados por la presencia de la industria extractiva, bajo la premisa de que las comunidades al sentirse parte del proyecto y recibir los beneficios económicos darán su legitimación social. Obviamente los empresarios hacen la diferencia entre ser accionistas y ser socios. Ellos solo hablan de un porcentaje minúsculo de las acciones y no de convertirse en socios, que sería una figura con mayor poder para tomar decisiones. El mismo Hernando de Soto lo aclara en la entrevista mencionada.
Aquí se pueden identificar varios puntos que se deben analizar antes de que alguna cándida autoridad salga a proclamar que esta propuesta es la mágica solución para acabar con los conflictos. El primer punto es la caracterización del origen de los conflictos. Ha quedado claro ─especialmente luego de ver el grave conflicto por el proyecto minero Conga─ que la protesta de las comunidades no solo tiene que ver con un problema económico ni porque se sienten marginados de los beneficios económicos. La protesta va más allá de no recibir algunos dolarillos o no ver postas ni losas deportivas en sus distritos. El origen de los conflictos también es ideológico y obviamente político. El que las comunidades acepten convertirse en los accionistas de una corporación extractiva no soluciona el problema estructural que significa la presencia y accionar del extractivismo en el país.
El convertirse en accionistas de una empresa minera significa no solo dar la licencia social y aprobación para la presencia de una empresa minera o petrolera en su territorio, sino también legitimar los fines últimos que son la razón de ser de dichas corporaciones: el de sostener la sociedad de consumo y la lógica del capital. Legitima la depredadora extracción de los recursos naturales finitos con el objetivo de sostener estilos de vida de obsolescencia programada, que en medio de una crisis por el Cambio Climático y la futura escasez del petróleo ─alma y combustible de la actual lógica de la actual sociedad─ conllevan un mayor riesgo.
El segundo punto a discutir es el tema ambiental. El proponer que las comunidades campesinas se conviertan en accionistas ─muy minoritarios por cierto─ de los proyectos extractivos es una estrategia más de las corporaciones que no resuelve el problema de la contaminación ambiental, cuyos conocidos y trágicos casos han proliferado en el país en los últimos años. A pesar de la exigencia de estándares ambientales más estrictos, la contaminación ambiental se convierte en el combustible que puede reavivar los conflictos. Incluso en experiencias como la de Kuri Kullu. Eso sin hablar que una gran parte de los proyectos mineros que se aprueban en el país son a las típicas empresas junior, cuya principal característica es la de tener una actitud mercantilista y casi mercenaria con la finalidad de vender las concesiones que han obtenido a corporaciones más grandes. Estas empresas junior carecen de programas de responsabilidad social y sus relaciones comunitarias son deplorables. Cuando llegan las grandes corporaciones a ejecutar el proyecto se encuentran con una comunidad obviamente marginada y desconfiada.
Finalmente está el tema del Poder. Así con mayúsculas. ¿Cómo promover una propuesta de que las empresas extractivas conviertan en accionistas a las comunidades si el propio Gobierno Central maltrata a las comunidades y tiene una política que favorece exageradamente el extractivismo en el país? Las empresas han recibido tantos favores gubernamentales en ámbitos legales, políticos y económicos, que muchas de ellas no ven necesario implementar esta propuesta de entregar una pequeña parte de las acciones. Pero no sólo eso, también hay que tener en cuenta la actual inequidad que se produce en las negociaciones entre los dirigentes de las comunidades y una gigantesca corporación internacional. Comunidades campesinas y nativas, abandonadas históricamente por el Estado, que no cuentan con las capacidades ni recursos técnicos y legales para encabezar negociaciones de este tipo. ¿Cómo pueden negociar bajo esas condiciones? Los invito a reflexionar sobre el tema.

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