Alguien está muy interesado en tirar la
toalla dentro del ring para que la ley de Consulta Previa a los pueblos
indígenas pierda la pelea y abandone la lucha de una vez por todas. Un combate
en el que la mencionada ley se enfrascó, incluso antes de que naciera o entrara
a este caótico y traicionero cuadrilátero que es la política nacional. Alguien
(o “alguienes” como diría el expresidente Toledo) que se encuentra no solo al
interior de los tradicionales grupos económicos de poder (léase empresas extractivas
y sus voceros mediáticos), sino también en el mismo aparato político
gubernamental.
El último jab o golpe recto que ha recibido al Ley de Consulta Previa es la decisión del ministerio de Cultura de no publicar, por el momento, la muy esperada Base de Datos de Pueblos Indígenas, que fue anunciada al reglamentarse la ley, y que es un instrumento fundamental para la aplicación de la misma. Son varias las razones que explican este temor del gobierno central ante la publicación de esta base de datos.
La principal razón, sin duda, es el
temor a hacer público que las históricas comunidades campesinas, principalmente
de la sierra, no serían incluidas como pueblos indígenas y, por consiguiente,
no tendrían derecho a la Ley de Consulta Previa. Y ni hablar de las comunidades de la costa (¿Recuerdan a Cañaris?). Esto provocaría la inmensa protesta y
movilización política de las organizaciones campesinas del país que hasta el
momento se han mostrado contenidas en su presión social. El golpe bajo vino del
mismísimo presidente Ollanta Humala cuando se le escapó la polémica declaración
acerca de que los pueblos indígenas solamente se encuentran en la selva y no en
otras partes del país. Sin duda, el gobierno no quiere abrirse un nuevo frente
de batalla con las organizaciones comunales andinas y costeñas, y por eso la
demora y el entrampamiento, lo más que se pueda, de la base de datos.
Pero, ¿se puede solicitar el acceso a la famosa base de
datos como cualquier información pública que debería ser transparente para la
ciudadanía? Intente solicitarla y solo recibirá la ambigua respuesta de “de acceso público y gratuito cuando sea publicada en el portal web del Ministerio de Cultura”.
Es decir, sin fecha determinada. O sea, agarra tu silla y espera sentado,
nomás. Si uno de los principios fundamentales del Convenio 169 de la OIT, que
ampara a la Ley de Consulta, es la buena fe, pues este entrampamiento y poca
transparencia de las autoridades ante el tema expresan, por el contrario, una
mala fe gubernamental.
Las autoridades del Ministerio de
Cultura han anunciado que no se publicará la base de datos porque generaría
“confusión y expectativas innecesarias”. Osea, no quieren ni un debate público
sobre este instrumento ni tampoco recibir aportes. Pero la confusión ya existe
y, debido a la no publicación de la base de datos, ahora también se está
generando la ambigüedad, la desconfianza y la molestia entre las organizaciones
indígenas. Además, sobre el tema de las “expectativas que se generarían”,
habría que recordarle a las autoridades del ministerio de Cultura que no nos
traten de ingenuos o no lo sean ellos. Las expectativas de los pueblos indígenas
existen desde el primer minuto que Ollanta Humala estampó su firma en la Ley de
Consulta, en setiembre del 2011. Lo que pretende el Poder Ejecutivo es, más
bien, echarle un diazepán a dichas expectativas con la finalidad de
adormilarlas.
Mientras tanto, los voceros mediáticos neoliberales también
vienen dando golpes bajos a la Ley de Consulta con la finalidad de buscar el
nocaut técnico para que el árbitro detenga la pelea o que el entrenador tire la
toalla (léase que el gobierno derogue la ley, en el panorama más pesimista que
se puede avizorar). Las recientes y reprochables declaraciones del expresidente de Perupetro, Daniel Saba,
resumen lo que muchas corporaciones empresariales deben estar pensando: “La
Consulta Previa es una idea romántica. No se perdía nada sin esta ley. Se ha
abierto una caja de Pandora. Se van a paralizar los proyectos”. En fin, una
serie de críticas con el objetivo de noquear la ley a cómo de lugar. Una ley
que, muchos olvidan, nació con la finalidad de brindar una oportunidad
histórica a aquellos pueblos indígenas marginados y amenazados por la
construcción y expansión de los aparatos estatales y sociales. No permitamos el
KO a la Ley de Consulta Previa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario