¿Por qué razón se ha acelerado el debate y aprobación de varias leyes y políticas relativas a la seguridad alimentaria en este 2013? Durante años, este tema estuvo durmiendo en las gavetas de las oficinas ministeriales; sin embargo, en los últimos meses se ha observado voluntad política en las altas esferas del Poder Ejecutivo para aprobar varias propuestas, aunque, con frecuencia, de manera desarticulada y entrando en conflicto con el Poder Legislativo.
Sin duda, una de las motivaciones reside en consolidar la política de inclusión social, bandera del actual gobierno de Ollanta Humala. Al parecer, el entorno presidencial se ha dado cuenta de que la inclusión social no funcionará si no se vincula a un fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
El sorprendente bautizo del año 2013
Una de las decisiones más simbólicas fue la de declarar 2013 como el Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria, lo cual significaba oficializar la voluntad política del Poder Ejecutivo.
A fines de 2012, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, mediante su presidente, Federico Arnillas, planteó denominar 2013 como el Año del Desarrollo Rural Integral. «Se están poniendo las bases para ello y se están alineando los astros a nuestro favor», señalaría Arnillas (1). Estas «bases» eran el aumento del presupuesto para el sector agrario (de 48% respecto a 2012), pero, principalmente, la implementación del proyecto Mi Riego, que destinaría S/.1,000 millones.
Sin embargo, este bautizo, insólitamente, no fue concertado con las autoridades del Ministerio de Agricultura, como hubiera sido lo lógico. «Confieso que no he sido parte de esa declaración para el año 2013» (2), revelaría un marginado ministro de Agricultura, Milton von Hesse, evidenciando que la decisión se tomó en las altas esferas del Poder Ejecutivo.
Al bautizo de 2013 se suma otro hecho que también empujó al gobierno de Humala a considerar con seriedad la seguridad alimentaria: la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de nombrar a la primera dama, Nadine Heredia, como embajadora especial para el Año Internacional de la Quinua. El gobierno, entonces, «se está obligando a sí mismo a acelerar medidas sobre seguridad alimentaria para que el bautizo de 2013 no quede en demagogia», opinan fuentes enteradas del Poder Ejecutivo.
La rápida aprobación de una ley estratégica
Sin duda, un actor protagónico para la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue el congresista oficialista Jaime Delgado, con experiencia en el tema gracias a su anterior gestión como presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). Pero la importancia de Delgado no solo residió en su papel como promotor de la ley y vocero de la bancada de Gana Perú, sino también en que forma parte del entorno más cercano de Nadine Heredia y Ollanta Humala, con quienes despacha de manera constante.
Lo que causó mayor sorpresa fue que la norma superó exitosamente los procesos burocráticos del Parlamento y llegó de manera relampagueante al pleno del Congreso, donde el debate y la aprobación de la ley fueron rápidos. El pleno dio luz verde a la nueva norma con 57 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. Así, la bancada parlamentaria oficialista se compraba el pleito y se disponía a enfrentar las críticas de los voceros de la poderosa industria procesadora de alimentos, de ciertos medios de comunicación y de las empresas de publicidad. «Jamás he visto una reacción tan virulenta, tan orquestada, de parte de la industria, con relación a un tema» (3), se quejaría el congresista Delgado.
Elaboración de la Ley de Seguridad Alimentaria: tras bambalinas
La cereza en el pastel para el gobierno de Humala será la promulgación de la Ley de Seguridad Alimentaria, norma que aún se está debatiendo en varias comisiones del Congreso. Sin embargo, el proyecto de ley está atravesando un tortuoso camino y reflejando que existe un fuerte conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
A través de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Poder Ejecutivo está acelerando el paso para aprobar lo más pronto posible una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA), que regiría hasta 2021. Un primer borrador del documento ya está circulando en varias esferas especializadas. No obstante, en el debate del proyecto de ley que se discute en la Comisión Agraria del Congreso, se está considerando una disposición complementaria que dispone la desactivación de la mencionada comisión multisectorial, una vez que entre en vigencia la Ley de Seguridad Alimentaria.
De esta manera, el Congreso desconoce los esfuerzos conjuntos realizados durante meses por la citada comisión multisectorial —liderada por el Ministerio de Agricultura— y dejaría sin piso legal a la elaborada nueva ENSA; es decir, si el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria se promulgara antes de la aprobación de la nueva ENSA, esta última volvería a fojas cero. «El esfuerzo de uno llevaría a socavar el esfuerzo del otro», opinan algunos especialistas que han seguido el proceso. Este conflicto entre ambos poderes del Estado, acerca del asunto de la seguridad alimentaria, es una evidencia más de la importancia coyuntural que tiene el tema para el actual gobierno, pero, también, de una voluntad política desarticulada.
Notas
1 «Plantean denominar al 2013 como el Año del Desarrollo Rural Integral». ANDINA, 26 de diciembre de 2012.
2 Entrevista al ministro de Agricultura, LRA 147.
3 «Reacción de los industriales ante la Ley de Alimentación Saludable es virulenta». Diario Gestión, 19 de mayo de 2013.
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