14 noviembre, 2014

Pensiones en el agro: ¿vejez sin futuro?


Durante el reciente debate político que se vivió en el Perú acerca de la aportación obligatoria de los trabajadores independientes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), uno de los sectores que ha sido olvidado nuevamente es el de los trabajadores agropecuarios. A pesar de que una gran parte de la población económicamente activa (PEA) independiente se encuentra en el sector agropecuario, la decisión tomada por las autoridades respecto a una importante política pública nacional, una vez más, no ha contemplado el factor rural ni a millones de peruanos que conforman ese sector.

La bajísima afiliación de los trabajadores agropecuarios al sistema de seguridad social es, en la actualidad, un problema urgente que resolver: el 90% de los ocupados agropecuarios está fuera del sistema de pensiones (ver artículo de Miguel Pintado en esta edición). Es decir, estamos hablando de más de 3 millones 300 mil peruanos que trabajan en el sector agropecuario y que no cuentan oficialmente con una jubilación ni tienen asegurado un sustento económico para garantizar una vejez digna. Tanto en el seguro de salud como en cuanto a las pensiones, el Perú se encuentra con indicadores de cobertura poblacional por debajo del promedio sudamericano2.

El tema de diseñar un sistema adecuado que proteja las condiciones de salud y bienestar de los adultos mayores es fundamental para responder al actual proceso de envejecimiento de la población que se vive en el país. Tomar medidas previsionales permitirá fomentar una vida saludable, prevenir la dependencia y la invalidez de las personas mayores, y aliviar a sus familias de una carga social y económica3.
Un sistema de pensiones que falla en su diseño 

La presión política y de la opinión pública obligó al presidente Humala a derogar la medida que establecía la aportación obligatoria de los trabajadores independientes a las AFP y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Si este tema causó tanto revuelo y discusión solamente contemplando la situación de los trabajadores principalmente urbanos, el debate se hubiera complejizado aún más si se abarcaba el caso del sector agrario.

Un primer problema que se debe considerar es la limitada cobertura de los sistemas pensionarios peruanos. Esto se debe, sobre todo, a que el sistema de contribución ha sido pensado y estructurado desde un criterio de dependencia laboral4, sin tomar en cuenta que los mercados de trabajo en el Perú tienen altos índices de trabajo independiente, autoempleo e informalidad.

Las AFP e, incluso, la misma ONP han sido creados para buscar, básicamente, el aporte de los trabajadores asalariados y formales, sin preocuparse de generar mecanismos o incentivos para que el trabajador independiente agrario o rural busque afiliarse a sus instituciones. Es decir, tenemos un sistema de seguridad social que solo mira la planilla.

Desinterés respecto a la jubilación agraria

¿Por qué razón las corporaciones nacionales o transnacionales que manejan actualmente las AFP en el Perú no hacen esfuerzos para buscar la afiliación de los millones de trabajadores agropecuarios independientes? Ello se debe, en primer lugar, a la precariedad laboral en el agro y, en segundo lugar, a los bajos ingresos económicos que perciben los productores por su labor5, lo cual implicaría un bajo aporte hacia las AFP, factor que, unido al costo administrativo, desalienta a estas empresas a mirar el espacio rural como una opción rentable que justifique su presencia.

Pero la persistente indiferencia de los gobiernos de turno también ha ayudado a mantener la inseguridad social de esos millones de trabajadores. El Estado ha hecho muy poco para promover una cultura previsional y de ahorro en el sector rural y agropecuario. No solo eso: la falta de voluntad política sobre el tema de las pensiones en el agro es una vulneración de los derechos laborales internacionales que protegen la seguridad social de los trabajadores6.

El impacto de la Ley de Promoción del Sector Agrario

En el Perú, uno de los factores predominantes en la actual situación del empleo rural y las pensiones ha sido la implementación de la Ley de Promoción del Sector Agrario, Ley 27360, promulgada en 2000 y que establece un régimen laboral especial para la agricultura, con una serie de incentivos tributarios que favorecen a las agroindustrias y las empresas agroexportadoras no tradicionales. Uno de los primeros efectos de la ley fue la reaparición de un gran número de trabajadores asalariados en el sector rural —especialmente en la costa— y, por ende, un mayor número de afiliados a las AFP.

Sin embargo, los incentivos de la ley y el crecimiento económico del sector agroexportador peruano no han implicado una mejora en los componentes del concepto de trabajo decente en la última década. En algunos casos, la expansión del empleo en el sector agroindustrial y agroexportador no tradicional ha provocado una desigual distribución del ingreso7, donde las diferencias de género, edad y nivel educativo se convierten en un factor primordial para contar o no contar con un trabajo decente, lo cual influencia en el acceso al seguro social. Al realizar una diferenciación por género del trabajador se comprueba que las mujeres tienen una menor participación en la afiliación que los hombres8.

Los ingresos no alcanzan para un aporte

¿Podría funcionar un aporte voluntario por parte de este gran sector de ocupados agropecuarios que en la actualidad no están dentro del sistema de pensiones? Según varios especialistas en el tema, un aporte voluntario no funcionaría debido a los bajos ingresos que perciben los agricultores, ingresos que, en muchos casos, están tan cerca de la línea de pobreza que solo les permiten abastecer una canasta muy básica de bienes y servicios.

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2012 comprueban esta situación. Cuando los productores contestaron la siguiente pregunta: «¿La actividad agropecuaria les produce suficientes ingresos para atender los gastos del hogar o empresa?», la gran mayoría (entre el 60% y el 80%) sostuvo que sus ingresos no eran suficientes para atender sus gastos9. Aportar a un seguro, entonces, no es un tema prioritario para ellos, y empieza a ser considerado, lamentablemente, como un bien de lujo.

En la actualidad, diversas instituciones y especialistas están planteando varios mecanismos para promover un mayor acceso de los trabajadores agrarios a la seguridad social, ya sea a través de mejorar el aporte voluntario, internalizándolo en el crédito o en las compras de los insumos. En otros casos se plantea ampliar la cobertura del programa Pensión 65, que a pesar de sus imperfecciones y limitaciones ha permitido que miles de adultos mayores, principalmente de sectores de pobreza y extrema pobreza, puedan contar con un mínimo aporte económico para poder sobrevivir durante su vejez. Es necesario debatir la importancia de contar con un programa de este tipo, que contemple a los trabajadores agrarios que nunca aportaron a un seguro.

Pero hay que destacar que en casi todas las propuestas se plantea una mayor responsabilidad y compromiso solidario del Estado, cuyo estratégico papel es primordial para garantizar la vejez digna de millones de mujeres y hombres que laboran en el sector agropecuario.

Notas
1 Periodista del Cepes. Editor de La Revista Agraria.
2 Julio H. Gamero Requena y Gabriela Carrasco. «Trabajo informal y políticas de protección social. Informe proyecto WIEGO-CIES», p. 60.
<http://bit.ly/Xz8wsk>
3 El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los individuos reconocido por las normas internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas. (Organización Internacional del Trabajo).
<http://bit.ly/1o9XocQ>
4 Álvaro Vidal Bermúdez (profesor de la PUCP). «Necesidad, fundamento e importancia de un sistema de pensiones básicas no contributivas en el Perú», en Foro: Envejecimiento con dignidad, por una pensión no contributiva. Lima: Oficina Internacional del Trabajo, 2011, p. 60.
5 Julio H. Gamero Requena y Gabriela Carrasco, op. cit., p. 62.
6 Según el marco legal internacional sobre trabajo y empleo, el tema del acceso a la seguridad social es una de las dimensiones esenciales que componen el concepto de trabajo decente. (Organización Internacional del Trabajo, OIT).
7 Jackeline Velazco y Julia Velazco. «Características del empleo agrícola en el Perú», en Cecilia Garavito e Ismael Muñoz (editores). Empleo y protección social. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, p. 199.
8 Jackeline Velazco y Julia Velazco, op. cit., p. 197.
9 Miguel Ángel Pintado. «De 1994 a 2012: ¿un nuevo perfil del productor agropecuario?». La Revista Agraria 155, setiembre de 2013.
<http://bit.ly/1v2lN81>

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