Un intenso debate se está produciendo en las últimas semanas respecto a la futura aplicación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de Niños, Niñas y Adolescentes, conocida popularmente como «Ley de la comida chatarra». Y recalcamos su condición de futura porque, a dos años de su publicación, dicha ley aún no puede aplicarse.
Un primer paso para la entrada en vigencia de la ley se dio el pasado 18 de abril, cuando se publicó el Decreto Supremo 007-2015-SA, que establece los parámetros técnicos para los niveles mínimos de grasas, sales y azúcar en las bebidas y alimentos procesados(2). Si un producto supera los niveles establecidos, deberá llevar una etiqueta de advertencia. Claramente, la norma servirá para que el público consumidor —especialmente los padres de familia— tome una decisión informada sobre la protección de su salud y la de sus hijos.
Uno pensaría que nadie, en su sano juicio, estaría en contra de una ley de este tipo, que regula el consumo de alimentos procesados dañinos y protege la salud de los niños y adolescentes. Sin embargo, esta regulación, del gran negocio de productos altamente procesados, no ha caído nada bien a las corporaciones que forman parte de la industria alimentaria y que saben que sus intereses lucrativos serán afectados.
En medio del debate producido en los medios de comunicación acerca del impacto de los parámetros de grasas, sales y azúcar, hubiera sido interesante escuchar argumentos coherentes por parte de los voceros de la industria alimentaria. Sin embargo, en varios casos, sus posiciones han sido viscerales o interesadas.
«La Ley 30021 tiene que ser revisada»
Uno de los primeros en expresar su crítica a los parámetros aprobados por el Ministerio de Salud fue Alex Daly, presidente del Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias. Es claro que su gremio tiene un marcado interés en revisar y, si se puede, derogar la Ley de la Alimentación Saludable.
«La Ley 30021 tiene que ser revisada. Lo que hay es una serie de sobrerregulaciones, restricciones y prohibiciones que solo afectan a los productos fabricados por la industria. (…). Es decir, si yo pongo a la venta un alimento sin ninguna garantía de inocuidad, como un turrón o una manzana acaramelada, eso es sano para la ley; pero lo que sale de una industria que tiene todos los registros, eso sería malo. Eso es injusto», expresaba el vocero de la SNI en una reciente entrevista televisiva(3).
Lo que olvidan los voceros de la industria alimentaria —en su fallido intento de argumentar o confundir a la opinión pública— es que el espíritu de la mencionada ley no es prohibitivo, sino más bien el de promover una mayor transparencia en la información. La ley no solo contempla el establecimiento de parámetros técnicos, sino también otras acciones complementarias —que la industria pretende olvidar—, como la promoción de la actividad física, de alimentos saludables a través de los kioscos escolares, y la regulación de la publicidad; sin embargo, la industria solo se ha enfocado en los parámetros. Es un intento fatuo comparar un alimento altamente procesado con un producto artesanal, como una manzana acaramelada. Estos últimos deberán ser regulados en futuros reglamentos y en la promoción de las políticas educativas para mejorar los hábitos alimenticios de los niños.
«El problema de la obesidad no se soluciona con leyes »
Sin duda, un gran temor de la industria alimentaria es perder el gran negocio que significa la venta de sus productos en los kioscos escolares, donde su mercado está constituido por millones de niños peruanos. Por ello, intentan convencer a la opinión pública acerca de que la solución al problema de la obesidad no se logrará con una ley.
En una reciente entrevista televisiva (4), la abogada especialista en derecho del consumidor, Karina Seminario —del estudio Torres y Torres Lara Abogados—, planteaba que «el problema del sobrepeso y la obesidad en los niños no se solucionará con prohibiciones y coerciones, sino que con una buena educación se podría atacar el problema de manera más eficiente. (...). Es un tema meramente educativo».
Minutos después, la mencionada abogada, que parece defender la posición de la industria, descubría el verdadero interés de esta: «En lugar de retirar casi el 95 % de lo que se vende en los kioscos, se debería promover la nutrición de otra manera. Poner en los colegios a nutricionistas (…) o promover la nutrición en la currícula escolar», señaló.
Líneas atrás mencionábamos que el espíritu de la Ley es de promoción; sin embargo, el único lugar para el que implanta una prohibición son, precisamente, los kioscos de los colegios. ¿Por qué? Por una simple razón: proteger la salud de los niños y adolescentes, pues en esos kioscos —como lo admite la misma industria— el 95 % de los productos que se venden en la actualidad pueden ser considerados como comida «chatarra». Si a ello le sumamos el hecho de que los padres no pueden controlar a sus hijos en la escuela, los cuales son vulnerables a ser manipulados por la millonaria y persuasiva publicidad, entonces los menores pueden ser tentados a consumir esos productos nada saludables. Así como el Estado prohíbe la venta de cigarrillos y alcohol en los colegios, es correcto que empiece a hacer lo mismo con los productos «chatarra». A la industria alimentaria y a las empresas de publicidad, obviamente, no les conviene perder ese millonario ingreso económico y por eso se oponen a la ley, a costa, incluso, de la propia salud de los niños.
«Los parámetros afectarán a la industria y a los TLC»
Finalmente, los voceros de la industria alimentaria han afirmado que los mencionados parámetros técnicos afectarán de manera negativa la producción de dicha industria. «De no corregirse estos parámetros habría un impacto negativo en el sector de alimentos y bebidas, sobre todo en las micro y pequeñas empresas (mypes)»(5), advertía el presidente de la SNI, Luis Salazar Steiger.
Es decir, en lugar de pensar en elaborar un plan futuro para reducir los niveles de grasa, sal y azúcar en los alimentos y bebidas que dicha industria procesa, las palabras del empresario nos hacen pensar que esta pretende insistir en la elaboración de productos altamente procesados y que afectan la salud de los niños, tal como lo certifica la Organización Mundial de la Salud. Además, con esa lógica radical, los plaguicidas prohibidos internacionalmente, por ejemplo, tampoco deberían ser regulados, pues hacerlo afectaría a las empresas peruanas y a los empleados que los producen.
Este «argumento» de la generación de empleo es utilizado también —en el debate televisivo mencionado anteriormente— por Alex Daly, representante de la SNI: «¿Cuánto genera de empleo el sector privado? Los palmicultores de la selva han pasado de 12 000 a 75 000 hectáreas de palma, logrando erradicar el cultivo de hoja de coca. [La ley] simplemente lo que hace es destruir la cadena productiva, porque el mercado de la palma son las galletas, los helados y los chocolates, que son productos que tú dices que asesinan...», señalaba, exaltado, el empresario.
Pero, al parecer, esa «alerta» no era suficiente para la industria. El presidente de la Asociación de Bebidas y Refrescos sin Alcohol (Abresa), César Luza, llevó el nivel de alerta a una escala internacional: «Un reglamento de este tipo traerá conflictos con los organismos internacionales de comercio y los tratados internacionales, además de afectar la generación de ingresos de miles de familias que dependen de un salario proveniente de estas industrias(6)», manifestaba el vocero de los empresarios.
El «cuco» del incumplimiento de los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado el Perú, y el de los castigos que vamos a sufrir, son utilizados como último recurso por los empresarios industriales, como sondeando a las autoridades gubernamentales la posibilidad de negociar una reducción en los parámetros técnicos o, incluso, la misma derogatoria de la ley. Menuda tarea les espera a las autoridades del Ministerio de Salud, que deberá pedir el apoyo de la sociedad civil organizada para defender el reglamento aprobado y tambièn el próximo sobre la publicidad de la comida «chatarra», momento en el cual, sin duda, las empresas de publicidad y los grandes medios de comunicación serán quienes salgan a cuestionarlo al ver afectados sus millonarios intereses.
Notas
1 Periodista. Editor de La Revista Agraria.
2 «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Un reglamento a medias». Eguren, Fernando. La Revista Agraria 172, mayo de 2015.http://bit.ly/1EXzwEL
3 «La Hora N, con Jaime de Althaus», 13 de mayo de 2015.
4 Programa «Debate y Diálogo». TV Perú 7.3.
https://youtu.be/4j252Pkbzcw
5 «SNI: Ley de Alimentación Saludable pone en riesgo salud de consumidores». Diario Gestión, 24 de abril de 2015.
http://bit.ly/1OzuIvy
6 «Abresa: Reglamento de Ley de Alimentación Saludable no tiene bases científicas». RPP, 27 de abril de 2015.
http://bit.ly/1KruxQ4
Un primer paso para la entrada en vigencia de la ley se dio el pasado 18 de abril, cuando se publicó el Decreto Supremo 007-2015-SA, que establece los parámetros técnicos para los niveles mínimos de grasas, sales y azúcar en las bebidas y alimentos procesados(2). Si un producto supera los niveles establecidos, deberá llevar una etiqueta de advertencia. Claramente, la norma servirá para que el público consumidor —especialmente los padres de familia— tome una decisión informada sobre la protección de su salud y la de sus hijos.
Uno pensaría que nadie, en su sano juicio, estaría en contra de una ley de este tipo, que regula el consumo de alimentos procesados dañinos y protege la salud de los niños y adolescentes. Sin embargo, esta regulación, del gran negocio de productos altamente procesados, no ha caído nada bien a las corporaciones que forman parte de la industria alimentaria y que saben que sus intereses lucrativos serán afectados.
En medio del debate producido en los medios de comunicación acerca del impacto de los parámetros de grasas, sales y azúcar, hubiera sido interesante escuchar argumentos coherentes por parte de los voceros de la industria alimentaria. Sin embargo, en varios casos, sus posiciones han sido viscerales o interesadas.
«La Ley 30021 tiene que ser revisada»
Uno de los primeros en expresar su crítica a los parámetros aprobados por el Ministerio de Salud fue Alex Daly, presidente del Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias. Es claro que su gremio tiene un marcado interés en revisar y, si se puede, derogar la Ley de la Alimentación Saludable.
«La Ley 30021 tiene que ser revisada. Lo que hay es una serie de sobrerregulaciones, restricciones y prohibiciones que solo afectan a los productos fabricados por la industria. (…). Es decir, si yo pongo a la venta un alimento sin ninguna garantía de inocuidad, como un turrón o una manzana acaramelada, eso es sano para la ley; pero lo que sale de una industria que tiene todos los registros, eso sería malo. Eso es injusto», expresaba el vocero de la SNI en una reciente entrevista televisiva(3).
Lo que olvidan los voceros de la industria alimentaria —en su fallido intento de argumentar o confundir a la opinión pública— es que el espíritu de la mencionada ley no es prohibitivo, sino más bien el de promover una mayor transparencia en la información. La ley no solo contempla el establecimiento de parámetros técnicos, sino también otras acciones complementarias —que la industria pretende olvidar—, como la promoción de la actividad física, de alimentos saludables a través de los kioscos escolares, y la regulación de la publicidad; sin embargo, la industria solo se ha enfocado en los parámetros. Es un intento fatuo comparar un alimento altamente procesado con un producto artesanal, como una manzana acaramelada. Estos últimos deberán ser regulados en futuros reglamentos y en la promoción de las políticas educativas para mejorar los hábitos alimenticios de los niños.
«El problema de la obesidad no se soluciona con leyes »
Sin duda, un gran temor de la industria alimentaria es perder el gran negocio que significa la venta de sus productos en los kioscos escolares, donde su mercado está constituido por millones de niños peruanos. Por ello, intentan convencer a la opinión pública acerca de que la solución al problema de la obesidad no se logrará con una ley.
En una reciente entrevista televisiva (4), la abogada especialista en derecho del consumidor, Karina Seminario —del estudio Torres y Torres Lara Abogados—, planteaba que «el problema del sobrepeso y la obesidad en los niños no se solucionará con prohibiciones y coerciones, sino que con una buena educación se podría atacar el problema de manera más eficiente. (...). Es un tema meramente educativo».
Minutos después, la mencionada abogada, que parece defender la posición de la industria, descubría el verdadero interés de esta: «En lugar de retirar casi el 95 % de lo que se vende en los kioscos, se debería promover la nutrición de otra manera. Poner en los colegios a nutricionistas (…) o promover la nutrición en la currícula escolar», señaló.
Líneas atrás mencionábamos que el espíritu de la Ley es de promoción; sin embargo, el único lugar para el que implanta una prohibición son, precisamente, los kioscos de los colegios. ¿Por qué? Por una simple razón: proteger la salud de los niños y adolescentes, pues en esos kioscos —como lo admite la misma industria— el 95 % de los productos que se venden en la actualidad pueden ser considerados como comida «chatarra». Si a ello le sumamos el hecho de que los padres no pueden controlar a sus hijos en la escuela, los cuales son vulnerables a ser manipulados por la millonaria y persuasiva publicidad, entonces los menores pueden ser tentados a consumir esos productos nada saludables. Así como el Estado prohíbe la venta de cigarrillos y alcohol en los colegios, es correcto que empiece a hacer lo mismo con los productos «chatarra». A la industria alimentaria y a las empresas de publicidad, obviamente, no les conviene perder ese millonario ingreso económico y por eso se oponen a la ley, a costa, incluso, de la propia salud de los niños.
«Los parámetros afectarán a la industria y a los TLC»
Finalmente, los voceros de la industria alimentaria han afirmado que los mencionados parámetros técnicos afectarán de manera negativa la producción de dicha industria. «De no corregirse estos parámetros habría un impacto negativo en el sector de alimentos y bebidas, sobre todo en las micro y pequeñas empresas (mypes)»(5), advertía el presidente de la SNI, Luis Salazar Steiger.
Es decir, en lugar de pensar en elaborar un plan futuro para reducir los niveles de grasa, sal y azúcar en los alimentos y bebidas que dicha industria procesa, las palabras del empresario nos hacen pensar que esta pretende insistir en la elaboración de productos altamente procesados y que afectan la salud de los niños, tal como lo certifica la Organización Mundial de la Salud. Además, con esa lógica radical, los plaguicidas prohibidos internacionalmente, por ejemplo, tampoco deberían ser regulados, pues hacerlo afectaría a las empresas peruanas y a los empleados que los producen.
Este «argumento» de la generación de empleo es utilizado también —en el debate televisivo mencionado anteriormente— por Alex Daly, representante de la SNI: «¿Cuánto genera de empleo el sector privado? Los palmicultores de la selva han pasado de 12 000 a 75 000 hectáreas de palma, logrando erradicar el cultivo de hoja de coca. [La ley] simplemente lo que hace es destruir la cadena productiva, porque el mercado de la palma son las galletas, los helados y los chocolates, que son productos que tú dices que asesinan...», señalaba, exaltado, el empresario.
Pero, al parecer, esa «alerta» no era suficiente para la industria. El presidente de la Asociación de Bebidas y Refrescos sin Alcohol (Abresa), César Luza, llevó el nivel de alerta a una escala internacional: «Un reglamento de este tipo traerá conflictos con los organismos internacionales de comercio y los tratados internacionales, además de afectar la generación de ingresos de miles de familias que dependen de un salario proveniente de estas industrias(6)», manifestaba el vocero de los empresarios.
El «cuco» del incumplimiento de los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado el Perú, y el de los castigos que vamos a sufrir, son utilizados como último recurso por los empresarios industriales, como sondeando a las autoridades gubernamentales la posibilidad de negociar una reducción en los parámetros técnicos o, incluso, la misma derogatoria de la ley. Menuda tarea les espera a las autoridades del Ministerio de Salud, que deberá pedir el apoyo de la sociedad civil organizada para defender el reglamento aprobado y tambièn el próximo sobre la publicidad de la comida «chatarra», momento en el cual, sin duda, las empresas de publicidad y los grandes medios de comunicación serán quienes salgan a cuestionarlo al ver afectados sus millonarios intereses.
Notas
1 Periodista. Editor de La Revista Agraria.
2 «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Un reglamento a medias». Eguren, Fernando. La Revista Agraria 172, mayo de 2015.
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